Tema 12. Transición y Democracia.

TEMA 12. EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA Y LA CONSTITUCIÓN DE 1978. LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS (1979-2000).

1. Introducción. La crisis final del Tardofranquismo.

Llamamos Transición Política al proceso de desmantelamiento de la dictadura franquista y formación de un régimen democrático. Podemos datar su inicio en el momento de la muerte de Franco (1975), pero algunos especialistas remontan el comienzo de la Transición a la designación del rey Juan Carlos de Borbón como sucesor (1969) o al atentado contra el almirante Carrero Blanco (1973), mano derecha de Franco.

Tampoco existe un consenso claro a la hora de fechar el fin del proceso, ya sea la redacción de la Constitución (1978), las elecciones de 1979, el Golpe de Estado del 23F (1981) o el ascenso del PSOE al poder en 1982. Lo que sí que queda claro es que se trata de un periodo convulso y en ocasiones improvisado, aun no estudiado con toda la profundidad que merece, y que algunos consideran una actuación ejemplar en la historia española (Javier Tusell, García de Cortázar…) y otros un proceso chapucero y controlado desde las elites que instauró un sistema democrático con profundas lagunas y agujeros (Ferrán Gallego, Gregorio Morán, biógrafo de Suárez…).

Para analizar correctamente el proceso de Transición, debemos remontarnos a los años finales del Franquismo (Tardofranquismo), con un sistema político anquilosado y caduco, incapaz de representar a una mayoría de la sociedad urbana, moderna y que requería nuevos referentes y señas de identidad. A partir de los años 60 y, sobretodo 70, la oposición en España crece de forma considerable, liderada por un PCE en la clandestinidad, con un sindicato de masas (CC.OO.) infiltrado en el sindicalismo vertical y una estrategia de oposición pacífica (Reconciliación Nacional, Eurocomunismo: se abandonan los principios revolucionarios leninistas y se plantea que el acceso al poder debe realizarse mediante elecciones democráticas). Además del PCE, los movimientos nacionalistas eran especialmente fuertes en Euskadi y Cataluña, con varias tendencias, desde el terrorismo de ETA, que en 1973 mata en atentado al almirante Carrero Blanco, hasta ese momento verdadero líder político y sucesor de Franco, y que es sustituido por Arias Navarro, hasta sectores demócrata-cristianos como CDC (Pujol). Aparte, existían grupos minoritarios y radicales especialmente fuertes en las universidades y algunas ciudades (ORT, troskistas, PCE-r,…). El PSOE, que había prácticamente desaparecido en la clandestinidad se recompone tras el Congreso de Suresnes (Francia, 1974) en el que una nueva generación de líderes (Felipe González , Alfonso Guerra,…) sustituyó a la antigua dirección en el exilio y se vieron política y económicamente apoyados por la socialdemocracia alemana. Incluso había grupos demócrata-cristianos (José María Gil Robles, el ex ministro Ruiz-Giménez) en la oposición (Contubernio de Múnich 1962).
Este fortalecimiento de la oposición coincide con la fractura interna dentro del régimen cada vez mayor conforme avanza el estado de enfermedad del dictador, y el consiguiente enfrentamiento entre sectores aperturistas o reformistas, partidarios de una progresiva apertura democrática del sistema y un acercamiento a Europa, y los inmovilistas (“búnker”), que agrupaba a viejos falangistas, militares y sectores recalcitrantes. Incluso la Iglesia Católica, más liberal y aperturista desde el Concilio Vaticano Segundo deja de vincularse tan férreamente al régimen franquista y en ocasiones critica abiertamente el modelo político existente (Tarancón, Añoveros…). Los casos de corrupción (MATESA) también ayudaron a aumentar la imagen de decrepitud y crisis del tardofranquismo. A su vez, los efectos de la crisis del 73 se dejaban sentir duramente en España, interrumpiendo bruscamente la marcha de crecimiento económico española desde los 60, y aumentando notablemente el paro y los problemas sociales. Por otro lado, la Revolución de los Claveles de Portugal en 1974, que puso repentinamente fin a la dictadura de Salazar y Caetano, sembró el pánico entre las elites del franquismo e incluso entre los EE.UU., que empezaron a recomendar una salida pacífica y controlada a la dictadura (aclaración: la Rev. de los Claveles de 1974 fue un golpe de sectores militares, en muchos casos veteranos de las guerras coloniales, cercanos al PCP y a la izquierda portuguesa que puso fin de forma pacífica a la dictadura salazarista y obligó a la celebración de elecciones democráticas y a la redacción de una Constitución democrática).
A partir de 1973-74, ante la crisis económica, el inmovilismo del régimen y la represión institucional (ejecuciones del anarquista Puig Antich y de militantes de ETA y FRAC, torturas, encarcelamientos, represión en la calle…), la oposición se refuerza y empieza a impulsar movilizaciones bajo la consigna de “ruptura democrática”, que iniciara un proceso constituyente. En Noviembre de 1975 muere tras una larga agonía el dictador, desencadenándose el proceso de Transición.

2. El Proceso de Transición. 2.1. El Primer Gobierno Suárez.

Dos días después de la muerte de Franco es proclamado rey Juan Carlos de Borbón. Su primer gobierno, comandado por Arias Navarro y que incorporaba a los reformistas Fraga Iribarne y Areilza, mantuvo un notable inmovilismo, siendo la oposición la que tomó iniciativa con movilizaciones y huelgas. La Junta Democrática, impulsada por el PCE y CC.OO. y con presencia de partidos de izquierda y de derecha, y la Plataforma por la Convergencia Democrática, formada por el PSOE y que aunaba partidos como el PNV o Democracia Cristiana, se unen, conformando la Coordinación Democrática (“Platajunta”) y solicitan abiertamente un proceso constituyente que a través de gobierno provisional y elecciones constituyentes, pusiera las bases de un sistema constitucional y democrático. Las Huelgas y las movilizaciones se suceden y aumentan durante 1976, llegándose en algunos casos a represiones extremadamente violentas (Vitoria, con 5 muertos por disparos de la policía y las célebres declaraciones de Fraga: “la calle es mía”; Montejurra) y a una situación explosiva.
Un sector importante del franquismo (el búnker) se negaba a aceptar reforma alguna; otro sector, preocupado por la incapacidad de Arias Navarro buscaba una reforma que partiera de las propias leyes franquistas y que evitara una ruptura democrática imprevisible. El 30 de junio, Arias Navarro dimite, en gran parte forzado por el rey y su principal asesor Torcuato Fernández-Miranda, y Adolfo Suárez, un joven político del Movimiento, prácticamente desconocido hasta entonces, es elegido para pilotar el proceso de Transición (Gregorio Morán, uno de los más célebres biógrafos de Suárez, opina que es precisamente su posición de joven e inexperto la que le hace ganar papeletas para la elección, ya que era elegido para convertirse en el “hombre de paja” de los diseñadores del proceso). Suárez inició los contactos con las fuerzas democráticas y promulgó un indulto para los presos políticos, además de proponer un proyecto de Ley de Reforma Política (LRP), que reconocía los derechos fundamentales de las personas, confería potestad legislativa en exclusiva a la representación popular y preveía un sistema electoral democrático.
El Proyecto de Reforma debía ser aprobado por las Cortes franquistas y el Consejo Nacional del Movimiento. ¿Por qué aprobaron un proyecto que proponía su desmantelamiento y el establecimiento de una nueva Asamblea (Congreso y Senado) elegida por sufragio universal? En su aprobación, desempeñó un papel decisivo las negociaciones subterráneas del gobierno con muchos procuradores franquistas, a los que se garantizó que mantendrían su estatus social y económico, que no se pedirían responsabilidades políticas (Ley de Punto Final) y que no se legalizaría el PCE. La presión en la calle, las recomendaciones de las grandes potencias que velaban por el proceso de transición (EE.UU. y Alemania), y la propia consciencia de la necesidad de cambios controlados por parte de las elites franquistas, también influyeron. En Diciembre la Ley fue sometida a referéndum y aprobada por el 80% de votantes, con una abstención -propugnada por la oposición- del 30%.
Sinn embargo, seguía habiendo dificultades importantes. En enero de 1977 el atentado de la calle Atocha, por parte de pistoleros de extrema derecha y que provocó la muerte de varios abogados laboralistas de CC.OO. y el PCE, desembocó en multitudinarias manifestaciones exigiendo su legalización y la puesta en libertad de los detenidos por razones políticas. En abril, durante la Semana Santa, Suárez tomó la determinación -al parecer de forma casi personal- de legalizar el PCE, hecho que provocó una enorme crisis de gobierno pero garantizó la legitimidad democrática de las elecciones. Éstas se celebraron en junio del 77, y dieron la victoria (166 diputados) a la Unión de Centro Democrático (UCD), organizada en torno a Suárez, que agrupaba a liberales, democristianos, muchos de ellos provenientes del franquismo. El PSOE obtuvo 118 diputados (29% de votos), y se convirtió en el principal partido de la izquierda, frente a un PCE (19 diputados, con casi un 10% de votos) liderado por figuras ancianas, supervivientes de la Guerra Civil y el exilio (Carrillo, Dolores Ibárruri,…). Alianza Popular, dirigido por Fraga y que recogía gran parte de los apoyos del franquismo, obtuvo 16 diputados y un 8% de votos. En Cataluña y Euskadi se implantaron con fuerza partidos nacionalistas conservadores (PNV y PDC, Pacto Democrático por Cataluña, de J. Pujol).
Con Adolfo Suárez como primer presidente elegido democráticamente desde la Segunda República, se emprendía la labor de elaborar una Constitución.

2.2. De la Constitución de 1978 al Golpe de Estado de 1981.

Para redactar esta Constitución, se eligió una ponencia formada por diputados de todos los partidos con representación en Cortes (3 de UCD: Cisneros, Pérez Llorca y Herrero de Miñón, 1 de PSOE, Peces-Barba, 1 de PCE, Jordi Solé-Tura, 1 de Minoría Catalana, Miquel Roca i Junyent y 1 de Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne).
Esta Constitución adopta un carácter progresista, pero notablemente ambiguo en la redacción de elementos fundamentales. Fue publicada en noviembre de 1978 y sometida a referéndum en diciembre. La consulta arrojó una notable mayoría para su aprobación, salvo en algunas zonas (Euskadi). Según esta Constitución, España se organiza como Monarquía Parlamentaria, con funciones básicamente representativas para la Corona -aunque inviolabilidad jurídica de la figura del rey-, y con Soberanía Nacional en el Parlamento. Se fija el carácter aconfesional del Estado, aunque reconociendo explícitamente la influencia de la Iglesia Católica y asegurando el Estado su mantenimiento. Se desarrolla una amplia declaración de Derechos y Libertades civiles y políticas (derecho de huelga, libre sindicación,..). Se establecen dos cámaras: Congreso, elegido por sistema proporcional, y el Senado, por sistema mayoritario. En cuanto a la organización territorial se redacta un texto ambiguo, que permite el derecho a la autonomía de las nacionalidades históricas, pero se asegura la inviolabilidad de la unidad de España. Se diseñaron dos procedimientos para el acceso a Comunidades Autónomas: el primero, más rápido y completo, previsto en el artículo 151, estaba hecho para las “nacionalidades históricas” (Euskadi, Cataluña y Galicia) e incluso para otras si cumplían unas determinadas condiciones y la decisión era aprobada por referéndum; el segundo, más lento, mediante el artículo 143. Además de las 3 mencionadas, Navarra y Andalucía se convirtieron en Comunidades Autónomas por la vía rápida. Poco después, lo hicieron las restantes (“café para todos”).
Una vez aprobada la Constitución se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones legislativas para marzo de 1979. Los resultados fueron más o menos similares a los del 77, con descenso de AP (de 16 a 9), subida del PCE (de 19 a 23) y victoria de UCD (168). Sin embargo, el liderazgo de Suárez empieza a tambalearse, con el agravamiento de la crisis económica, y sucesivos cambios ministeriales y problemas internos. Las primeras elecciones municipales dieron la alcaldía a numerosos ediles del PSOE (con apoyo del PCE), como Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia… El problema de los Estatutos de Autonomía perjudicó notablemente a UCD (en Andalucía, el referéndum para aprobar el Estatuto por la vía rápida (151) en lugar de por la vía lenta (143), tal y como defendía el gobierno, benefició notablemente al PSOE). Hay que mencionar, en vista de los últimos estudios, que en este proceso de pérdida de liderazgo de Suárez, es muy importante el alejamiento del rey, así como de sectores empresariales y militares que hasta entonces le habían apoyado, enfrentado ya abiertamente al político de la UCD. Finalmente Suárez dimite en enero de 1981, dando pié a una situación convulsa, en la que se produce el intento de Golpe de Estado del 23 de Febrero, cuando el coronel Tejero, junto con un grupo de guardias civiles, entra en el Congreso e interrumpe, pistola en mano, la sesión. Paralelamente, el capitán general Milans del Bosch, saca a los tanques a la calle en Valencia y el sistema democrático queda interrumpido. Finalmente, la comparecencia por la noche del rey en televisión, apoyando el régimen constitucional, y la no comparecencia del “elefante blanco”, supuesto líder del golpe, ayuda a desbaratar una intentona aun no lo suficientemente aclarada.
Como resultado del golpe, la figura del rey sale reforzada, y el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo no podrá impedir el hundimiento de UCD, rota tras el abandono de Suárez, que creará el Centro Democrático y Social (CDS) en 1982, y el ascenso del PSOE, que alcanzará el poder en las elecciones siguientes.

3. Los Gobiernos democráticos (1982-2000).

En las elecciones de Octubre de 1982, el PSOE obtiene 202 diputados, la mayoría más holgada de la historia reciente, quedando AP como segunda fuerza, con 107 diputados y siendo notablemente castigados la UCD (11) y el PCE (4).
Este gobierno del sevillano Felipe González se caracterizó básicamente por aplicar un programa de reformas liberal, totalmente contrario al proclamado en la campaña electoral, que significó una durísima política de ajustes (congelación de salarios y prestaciones sociales, desindustrialización, aumento del desempleo, control de la inflación…). En materia educativa se llevaron a cabo dos leyes: LODE y LOGSE, que suavizaron notablemente el proyectado control de la educación privada (concertada) y reformaron el programa de la antigua norma educativa (LGE). En política exterior, se pasó del “OTAN, de entrada no” (el PSOE se opuso a la entrada en la organización militar durante el gobierno de Calvo Sotelo), al “OTAN, quizás” a, finalmente el “OTAN, sí”, finalmente aprobado en referéndum por poco en 1986. El principal éxito socialista fue la entrada en la Comunidad Económica Europea a partir de 1986.
A partir de 1988 se desarrollaron importantes huelgas generales (CC.OO. y UGT) contra las reformas económicas y con notable éxito. Como respuesta a la grave situación de tensión el gobierno respondió con medidas sociales, como la universalización de la asistencia sanitaria, o la consolidación del sistema público de Pensiones (Pacto de Toledo). El terrorismo de ETA fue especialmente activo en esta época, pasando a una actividad más sanguinaria con atentados contra población civil. Sin embargo, las elecciones, cada vez con menor apoyo, siguieron manteniendo al PSOE en el poder (1986 y 1989 con mayoría absoluta; y 1993 con mayoría relativa y apoyo en grupos nacionalistas). Sin embargo, la etapa final fue especialmente conflictiva con el estallido de numerosos casos de corrupción (Roldán, Filesa, Caso Guerra, Mariano Rubio…) y el escándalo de la “guerra sucia” contra el terrorismo a cargo de los GAL, supuestamente apoyados desde las cloacas del Estado.
Este desgaste acabó propiciando la victoria del Partido Popular (reforma de AP junto con numerosos dirigentes de UCD) de Aznar en 1996, victoria en minoría, que tuvo que basarse en el apoyo de las derechas nacionalistas (PNV, CIU y Coalición Canaria). El interés inicial de este gobierno estuvo centrado en la política económica, donde se desarrollaron numerosas privatizaciones de empresas públicas (Telefónica, Iberia, Endesa…), con resultados desiguales, y un control de la inflación y el gasto público, consiguiéndose los criterios de convergencia para la entrada en la moneda única (Euro). Las elecciones del 2000 dieron mayoría absoluta al PP, dando lugar a una legislatura más liberal y caracterizada por la ausencia de consenso (apoyo a la invasión de Irak en 2001).